Detén el Código de Planificación y Permisos: Exige un proceso justo para el PC 1213 y PS 1183.

Solicito detener la aprobación y evaluación acelerada del PC 1213 y PS 1183 Oposición al PC 1213 y PS 1183.

Estimado/a Legislador/a: Le escribo para expresarle mi oposición al Proyecto de la Cámara 1213 y al Proyecto del Senado 1183, conocidos como el Proyecto de Administración A-14. Con 819 páginas y cambios a 72 leyes vigentes, esta medida propone la transformación más profunda del sistema de planificación, permisos y protección ambiental de Puerto Rico en décadas. Concentra en el DDEC las funciones que hoy ejercen el DRNA, la Junta de Planificación y la Agencia de Permisos, debilita las evaluaciones de impacto ambiental convirtiéndolas en excepción en lugar de norma, e introduce un mecanismo formal para remover terrenos protegidos de su estatus de reserva. Lo que más me preocupa es el impacto sobre el Suelo Rústico Especialmente Protegido. Puerto Rico tiene más de 171,000 cuerdas bajo protección agrícola formal: el Corredor Agrícola de la Costa Sur (75,240 cuerdas), el Valle de Lajas (48,036 cuerdas), la Reserva Agrícola de la Costa Norte (17,295 cuerdas) y el Valle de Guanajibo (9,804 cuerdas), entre otras. Estos bosques, humedales, zonas de recarga de acuíferos y suelos de primera calidad son la infraestructura natural que sostiene el agua, la alimentación y la resiliencia climática del archipiélago. Permitir su recategorización bajo criterios de productividad económica inmediata, definidos por una agencia cuyo mandato es el desarrollo y no la conservación, es una decisión irreversible. Este proyecto también representa un retroceso serio en los derechos ciudadanos. Al excluir las garantías de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), se eliminan protecciones fundamentales: el derecho a ser notificado, a ser escuchado y a impugnar decisiones que afectan la comunidad. Estas no son formalidades burocráticas: son los contrapesos que equilibran el poder entre el Estado, los intereses privados y la ciudadanía. Sin ellos, las decisiones sobre el territorio quedan concentradas en una agencia de desarrollo económico sin el escrutinio que el interés público exige. El proyecto inclina además la balanza hacia los derechos de la propiedad privada por encima del interés colectivo. Los mecanismos de tramitación expedita para proyectos "prioritarios", la reducción del escrutinio ambiental y el debilitamiento de la participación ciudadana crean un sistema donde quien tiene un proyecto aprobado avanza rápidamente, mientras las comunidades afectadas enfrentan barreras cada vez más altas. Esto es especialmente grave porque la Ley 82-2026 ya exige una fianza del 10% del valor del proyecto para solicitar su paralización ante un tribunal; paralizar un proyecto de cinco millones de dólares requiere $500,000 solo para que un juez atienda el caso. Los argumentos a favor son de corto plazo: más agilidad administrativa, más facilidad para construir. Pero los costos son permanentes. Urbanizar zonas de recarga de acuíferos reduce de manera irreversible el agua potable en la costa sur y oeste, donde ya hay comunidades con suministro intermitente. Impermeabilizar suelos agrícolas eleva el riesgo de inundaciones. Destruir arrecifes, manglares y ecosistemas costeros elimina las barreras naturales que protegen nuestras comunidades de huracanes. Y Puerto Rico, que ya importa aproximadamente el 85% de sus alimentos, se hace aún más vulnerable al perder las pocas tierras agrícolas que le quedan. No sería justo que una reforma de esta magnitud continúe avanzando sin debate público suficiente. La ciudadanía merece vistas públicas en todas las regiones de Puerto Rico y participación real de las comunidades que más tienen que perder. Le solicito que haga valer ese derecho. El territorio que protejamos hoy es el que heredarán las próximas generaciones. Atentamente,